El *Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR)* en España ha sido un tema de intenso debate entre el gobierno, la industria y las organizaciones ecologistas. Aunque su implementación ha sido más lenta en comparación con otros países europeos, varios pasos recientes sugieren que su establecimiento es inminente. Este sistema, que ya funciona con éxito en países como Alemania y Suecia, fomenta el reciclaje de envases plásticos, de vidrio y metálicos a cambio de un pequeño reembolso para los consumidores. Este modelo reduce significativamente la cantidad de residuos que terminan en vertederos o incinerados, promoviendo un ciclo de reutilización y reciclaje de materiales.

El marco legal para este cambio en España se estableció con el Real Decreto 1055/2022, aprobado a finales de 2022. El decreto establece que, si para finales de 2023 no se ha alcanzado el 70% de reciclaje de botellas de plástico, el gobierno estará obligado a implementar el SDDR en un plazo máximo de dos años. Esto significa que, de no cumplirse los objetivos, la normativa del SDDR podría estar completamente operativa para 2025. La presión de la Unión Europea también juega un papel fundamental, ya que a partir de 2028, todos los estados miembros deberán contar con un sistema SDDR para envases plásticos de un solo uso y envases metálicos

Actualmente, la gestión de envases en España se lleva a cabo principalmente a través de contenedores de recogida selectiva (contenedor amarillo para plásticos, latas y briks; y contenedor azul para papel y cartón). A esta infraestructura se suman los puntos limpios y la recogida puerta a puerta, que permiten a los ciudadanos depositar sus residuos de manera diferenciada según el tipo de material. Sin embargo, los retos relacionados con la eficiencia y la transparencia del sistema actual aún son motivo de preocupación. El SDDR promete mejorar la trazabilidad y garantizar la devolución de más del 90% de los envases, algo que el sistema de contenedores actual no siempre logra.

El Real Decreto 1055/2022 también introduce un componente clave: la **responsabilidad ampliada del productor (RAP)**. Esta medida obliga a los fabricantes a asumir los costos de gestión de los residuos generados por sus productos, lo que fomenta prácticas más sostenibles y la reducción del uso de materiales vírgenes. Además, establece un porcentaje mínimo de material reciclado en los envases plásticos, alcanzando un 25% para 2025 y un 30% para 2030. Estas medidas son fundamentales para la transición hacia una economía circular, donde los materiales se reutilizan y reciclan continuamente.

A pesar de los avances legislativos, la implementación del SDDR ha sido lenta. Organizaciones ecologistas como Alianza Verde han criticado la falta de acción por parte del gobierno y han instado al **Ministerio para la Transición Ecológica** a tomar medidas inmediatas si no se cumplen los objetivos de reciclaje a finales de 2023. Si estos no se alcanzan, el gobierno deberá activar el SDDR para garantizar que España cumpla con los compromisos europeos en materia de reciclaje.

El SDDR representa una herramienta esencial para mejorar el sistema de gestión de residuos en España y alinearse con los objetivos de la Unión Europea en cuanto a reciclaje y reducción de residuos. Sin embargo, queda por ver cómo el gobierno implementará estas medidas, y las decisiones que se tomen en los próximos años serán determinantes para el futuro del reciclaje en el país.